diciembre 02, 2017

El desarrollo agropecuario y rural en la ciudad de México; una propuesta económica y social

MVZ JORGE ENRIQUE JIMÉNEZ RICE
Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de la Ciudad de México
MVZ DAVID SILVA OLVERA
Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de la Ciudad de México
dmonte_cristo@yahoo.com.mx

Dedicado al MVZ Tomás Tavira Peña (1976 - 2016): luchador social, hermano y colega
La historia política y económica de nuestra capital trasciende a la del Distrito Federal (195 años), procede de la colonización española (495 años) y se remonta incluso más allá del establecimiento de la metrópolis del imperio mexica (691 años); palpitante, nuestra Ciudad de México allana sus raíces en las expresiones culturales, tecnológicas y económicas del sector campesino, auténtico sucesor de las sociedades mesoamericanas manifiestas hace más de 2,800 años en la zona de Cuicuilco.
Este elemento humano incluye a las personas que, según define la ley, “tienen una relación directa y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos y otros productos agrícolas; trabajan la tierra por sí mismos, dependen sobre todo del trabajo en familia y otras formas a pequeña escala de organización del trabajo; están tradicionalmente integrados en sus comunidades locales y cuidan el entorno local y los sistemas agroecológicos”.
Más allá, su devenir social suma en un crisol de culturas, etnias, tradiciones y lenguas, el cual constituye un cruce de caminos por antonomasia; resultante de la expresión de todas las épocas históricas del país y mantiene trayectoria a un mejor futuro, dado que la tradición no se agota en ellas, más bien, se reinventa en un sólido grupo de comunidades, que se nutre con las migraciones constantes y resurge aportando nuevas ideas y formas de expresión económica y política que se van moldeando a través de los siglos.
Así, nuestros pueblos originarios, asentados en la zona rural de la Ciudad de México son fuente perenne de identidad capitalina y sufragan de manera importante la economía local y nacional, toda vez que contribuyen en los procesos productivos, comerciales, de distribución y abasto, individuales y colectivos, que indirectamente conducen al mejoramiento integral del bienestar social y aportan en educación, salud, vivienda y alimentación de la población de la Ciudad de México, sumándose también a la conservación de nuestros recursos naturales.
Estos pueblos, ubicados en la Zona Metropolitana del Valle de México y particularmente asentados en la zona sur y poniente de la región urbana de mayor extensión territorial, participan en el principal centro político, económico, científico y cultural del país; conforman uno de los conglomerados más grandes del mundo que va más allá de su extensión nominal. Asimismo, tienen una composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural respaldada en sus habitantes, pueblos y barrios históricamente asentados en su territorio y habitados por sus comunidades indígenas ancestrales.

Sector Agropecuario
Se tiene, que el área rural de la Ciudad de México comprende casi 87 mil 291 hectáreas, equivalente a casi el sesenta por ciento de la superficie total de la entidad; en ésta zona, se encuentran asentados 69 pueblos originarios pertenecientes a siete de las 16 demarcaciones territoriales, en las que desde tiempos inmemoriales se desarrollan diversas actividades económicas en el sector primario: pecuarias, agrícolas, piscícolas, forestales, así como la práctica del ecoturismo y el turismo rural y que por la reforma política, serán gobernadas como órganos político administrativos denominados alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.
Realmente importante es nuestra zona rural y campesina, según cálculos del INEGI, en la Ciudad de México habitan casi nueve millones de personas, equivalente  a casi el ocho por ciento de la población total del país, de las cuales, la población económicamente activa ocupada en actividades agropecuarias, asciende a unas dieciséis mil personas, empleadas en más de once mil unidades de producción familiar. Territorialmente, alrededor de 22 mil 800 hectáreas se dedican a la producción de cultivos, principalmente en las Delegaciones, con mayores características de ruralidad (Tlalpan, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco).
En estas zonas, varían los cultivos, pero principalmente se produce maíz, frutales, hortalizas y productos de origen animal para el autoconsumo familiar y la venta local; asimismo, también hay una fabricación a mayor escala industrial de: nopal (chumbera), amaranto, hierbas y plantas ornamentales que surten los propios mercados urbanos y regionales. Cabe mencionar que estas actividades se desarrollan en núcleos de productores agropecuarios que operan a mínima escala, en donde la rentabilidad es baja debido en gran medida, a que no cuentan con amplias extensiones territoriales para el cultivo, dado que la mayoría de las propiedades no supera las dos hectáreas y se caracterizan como pequeñas parcelas, chinampas e inclusive filas de macetas.
No obstante, el potencial agrícola es notorio; por citar algunos ejemplos significativos, según datos censales, tenemos que la capital ocupa el segundo lugar en producción de nopal en México, aportando casi el cuarenta por ciento; así, de cada diez nopales que se producen en la ciudad, nueve son cultivados en la demarcación territorial de Milpa Alta, en esta zona, según el Gobierno de la Ciudad de México, se cultivan cerca de 254 mil 610 toneladas de esta verdura, sumando una superficie de 2 mil 918 hectáreas, con una considerable rentabilidad mayor a cuatro mil pencas por día, en media hectárea de siembra.
Según datos de la dependencia especializada en el área, nuestra zona rural cuenta con una superficie de casi cuatrocientas hectáreas de árboles frutales, de los cuales se obtiene una producción de más de mil ochocientas toneladas. Algunas de las frutas que más se siembran son el capulín, chabacano, ciruela, durazno, frambuesa, higo, manzana, pera, tejocote y zarzamora. La fruta que más se produce es la manzana, seguida de la pera; asimismo, el cultivo de frambuesa ocupa el noveno lugar a nivel nacional; también en el mercado de granos, destacadamente es la cuarta productora de amaranto a nivel nacional y el primer lugar en su transformación.
En lo político y económico, se estima que los campesinos están escasamente integrados en menos de doscientas asociaciones, se sabe que la mayoría de los productores no se benefician con créditos ni seguros, es inusual la utilización de maquinaria para labrar la tierra y casi nadie emplea sistemas de riego; generalmente, se cultiva en forma individual en superficies de temporal, sin asistencia técnica y es insignificante el uso de semilla mejorada.
Entre los principales problemas que afronta el sector rural de la Ciudad de México, se encuentra el crecimiento de la mancha urbana, el incremento al costo de la tierra por la presión del desarrollo inmobiliario dirigido por las necesidades de vivienda, los bajos niveles de capitalización que dan como resultado una productividad mínima, sumando altos costos de producción y escaso desarrollo tecnológico, lo cual resulta  un deterioro sectorial en lo económico y social.
Ahora bien, dado el conocimiento que existe un importante marco jurídico de beneficio al sector; tenemos que aún; hay grandes oportunidades para el desarrollo sustentable mediante su justa aplicación que incluye la adecuada instrumentación de políticas públicas; así, desde un sentido programático, de acuerdo con los esquemas gubernamentales: esto es “el conjunto de acciones que habrá de aplicar el Gobierno de la Ciudad de México, para la planeación y organización de la producción agropecuaria, apoyo al desarrollo tecnológico, industrialización, capacitación y comercialización de los bienes y servicios del medio rural que fomente el desarrollo sustentable en esta materia, con el propósito de contribuir a elevar la calidad de vida de los productores rurales de la Ciudad.”
Conforme a la ley en la materia, el desarrollo agropecuario y rural en la Ciudad de México se entiende como “el derecho de realizar actividades agropecuarias, forestales, acuícolas, artesanales, turísticas y demás de corte rural, con base en procesos productivos, comerciales, distribución y autoabasto, de manera individual y colectiva, que conduce al mejoramiento integral del bienestar social, educación, salud, vivienda y alimentación, y que promueve la equidad con justicia social, distribuye justamente el ingreso, propicia la participación plena de la sociedad en la toma de decisiones, implicando cambios del paradigma económico y asegurando la conservación de los recursos de los cuales depende la sociedad rural”.
En el mismo contexto jurídico, a nivel constitucional, desde una perspectiva netamente social, recientemente quedó establecido que “el derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales el cultivo y cuidado de los recursos vegetales, de la tierra y de agua, constituye la base de los servicios que, en materia de producción de oxígeno y agua, presentan a la Ciudad de México los pueblos, comunidades indígenas y comunidades agrarias de su zona rural”; resultando que, por este servicio social que desarrollan, tienen derecho a recibir una contraprestación anual en efectivo. Con ello se demuestra la trascendencia económica y ambiental que el agro representa para la capital y el intento de retribución que se le debe; más allá, en una visión de planeación, se ordena que exista la “implementación de sistemas productivos eficientes, en donde se deberá trabajar con las comunidades rurales de la Ciudad de México para mejorarlos, los cuales están vinculados con los servicios ambientales, fortaleciendo a la asistencia técnica, ayudando a la planificación del desarrollo regional en las diferentes demarcaciones territoriales”.
Asimismo, en la norma constitucional, se plasmó la necesidad de proteger la genética y sostenibilidad de los cultivos tradicionales, tales como el maíz, calabaza, amaranto, nopal, frijol y chile que se consideran parte del patrimonio de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas constituyendo parte de la biodiversidad de la Ciudad de México. También en la Constitución local se ordena que el material genético de estos cultivos, desarrollado a través de generaciones, no sea susceptible de apropiación de ninguna empresa privada, nacional o extranjera y que se debe proteger de la contaminación o alteración que pudieran producirle las plantas genéticamente modificadas; el ordenamiento de honor, protege la integridad del recurso renovable al ordenar el establecimiento de un banco genético que “garantice la conservación y protección de dicho material, prohíbe la siembra de semillas transgénicas en el territorio de la Ciudad de México”. De ello se deduce la voluntad de preservarlo como un patrimonio rural.
Sin duda, la aplicación de los preceptos constitucionales en materia de desarrollo rural y protección del agro, deberán estudiarse a fondo como inicio y base de la estrategia de la política pública para las futuras administraciones de la Ciudad de México, tendrá que abordarse de forma prioritaria y articulada en los ejes principales del desempeño gubernamental y sus acciones transversales, ello implica la integración de otros sectores como la educación, salud, movilidad, desarrollo sustentable, ciencia y tecnología, equidad de género, uso de suelo, entre otros.
Al mismo tiempo, un factor fundamental deberá ser el financiamiento de proyectos productivos que constituyan el motor económico del desarrollo agropecuario en la ciudad, las autoridades centrales de la Ciudad de México y las Alcaldías deberán actuar en coordinación para impulsar los mecanismos de economía solidaria. De esta forma, tanto el impulso a la economía como el otorgamiento de incentivos mediante programas sociales, deberán ser complementarios de otras políticas públicas en materia económica, desarrollo sustentable y protección ecológica de la zona rural.
Un factor de relevancia es el concepto de solidaridad social, concebida principalmente para dotar de autonomía económica a las personas, ayudar en un marco de intercambio mercantil justo, revalorar la producción comunitaria y procurar la satisfacción plena de las necesidades básicas y sociales; independientemente de que la propiedad de los medios de producción sea colectiva o particular, porque la intención no es imponer modelos de tenencia de la tierra, aun sabiendo de las prerrogativas y desventajas de la propiedad colectiva.
Una política solidaria también implica un trato igualitario y equitativo para el acceso a los estímulos a la producción, a la distribución y al consumo de bienes y servicios; con marcos justos de intercambio y ganancias razonables; eliminando en buena medida la explotación del asalariado y sustituyendola por mecanismos de valoración de la fuerza de trabajo mediante el pago de justas retribuciones.
Bajo esos lineamientos, no podemos pensar que el gobierno imponga restricciones a la competencia que presentan las grandes corporaciones agrícolas, tampoco que los mecanismos comunitarios de producción, distribución y consumo deban ser autoritarios y restrictivos para que terminen fomentando los vicios o distorsiones derivadas del subsidio resultando precios bajos al productor, salarios inmisericordemente insuficientes a los trabajadores y costos elevados al consumidor final.
En ese aspecto, los médicos veterinarios zootecnistas y otros profesionales ligados al sector primario, entendemos que los campesinos y pueblos originarios, tienen derecho a que se les reconozca su aportación a la viabilidad y desarrollo de la Ciudad de México, concibiendo que merecen tener prioridad en la elaboración y aplicación de los planes y programas de desarrollo social, económico y urbano que impacten directamente en sus espacios vitales; que es en donde también se desarrolla y expresa la identidad y tradición de los habitantes de la Ciudad de México. Nuestra tarea, como agentes de cambio social, para sumarnos en la participación del desarrollo pecuario, se relaciona fundamentalmente en la aplicación práctica de la zootecnia; particularmente en la sanidad y economía.

SEDEREC
Como lo menciona la Constitución local, deberá darse prioridad a la rentabilidad y sustentabilidad de los sectores agropecuarios, acuícola, agroforestal y de servicios ecoturísticos, como medios para elevar la forma de vida de las mujeres y hombres pertenecientes a los pueblos originarios, así como de la población rural e incrementar la capacidad de coadyuvar en la conservación de los servicios ambientales para la ciudad, ello comprende la promoción de la acumulación originaria, el impulso a la competitividad y el mejoramiento continuo de las unidades de producción agrícola, pecuaria y piscícola, así como las actividades artesanales de transformación y comercialización rurales.
Por ejemplo, una estrategia eficiente serían las campañas de difusión masiva para mejorar los hábitos de alimentación en las localidades rurales, asimismo, promover públicamente la agricultura sustentable a pequeña escala, la producción orgánica, el mejoramiento del traspatio, el aumento al consumo local, aunado al fomento de la producción orgánica y sustentable.
En ese tenor, las autoridades de la Ciudad de México deberán tutelar los derechos fundamentales de todos los campesinos y propietarios rurales, promover su participación en la adopción de políticas para el desarrollo de sus actividades, respetar la propiedad social y la privada. Además, tendrán que estar abiertas a revisión y análisis, en diferentes escalas y dinámicas; asimismo, deberán estar fiscalizadas para prevenir cualquier riesgo de corrupción o desvío.
En el caso de la Planeación Democrática del Desarrollo los Programas Sectoriales, Especiales e Institucionales que genere el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México y los de cada alcaldía, tendrán que ser instrumentos para el desarrollo que entre otras prioridades, determinarán las áreas no urbanizables por razones de preservación ecológica, las áreas de valor ambiental, recarga y captación de acuíferos, previendo la vulnerabilidad ante fenómenos naturales; como resultado, deseamos que las zonas rurales sean protegidas y conservadas y se promueva un aprovechamiento racional y sustentable que permita garantizar el derecho a la tierra, así como la prosperidad de las personas propietarias y poseedoras originarias.
La constitución y sus leyes secundarias deberán priorizar factores como la diversificación de cultivos, complementariedad de cultivos, rotaciones, circuitos de comercialización más cortos; en el entendido que en el sector agropecuario coexisten y convergen retos como el cambio climático, el deterioro ambiental, la globalización, el manejo de la energía y las tecnologías de la información.
Ante la tendencia urbanizadora, habrá que tener argumentos sólidos para hacer frente a los retos agrarios que los futuros dirigentes de la capital del país enfrentarán, se deberá tomar en cuenta la investigación, desarrollo, innovación y difusión del conocimiento para optimizar y aumentar el desarrollo rural, apoyándose en una administración profesional, ágil y eficiente que sea capaz de formular políticas agropecuarias adecuadas, procurando la gestión empresarial de los propietarios, mediante el uso de instrumentos administrativos conductores, hoy imprescindibles en la toma de decisiones óptimas.
Entendemos que el sector del agro en la Ciudad de México es de suma importancia, puesto que posee una gran trascendencia en la producción de alimentos y el aporte de servicios ambientales para aumentar la calidad del aire, del agua, sus actividades son fundamentales para la sustentabilidad y continuidad de nuestra capital. El proceso administrativo oficial agropecuario, demanda mayor cantidad de inversión pública en las familias rurales, un mayor dinamismo en los mercados locales y la generación de empleos.
Es así que los médicos veterinarios zootecnistas, interesados en el desarrollo económico y social de nuestro agro, planteamos que puede y debe existir un mejor futuro para el sector primario de la Ciudad de México y sus demarcaciones rurales.

Bibliografía
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislativa (2011) Ley de desarrollo Agropecuario Rural y Sustentable del Distrito Federal. Gaceta Oficial del D.F. [en línea] disponible en: http://www.sederec.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/577/ea5/159/577ea51590539372185482.pdf
SEDEREC (..) Página oficial [en línea] disponible en: http://www.sederec.cdmx.gob.mx/
Ilustraciones

Notimex (2016) Destinarán 372 millones al sector agropecuario en el Estado de México. Página web. [en línea] disponible en: http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/destinaran-372-millones-al-sector-agropecuario-en-el-estado-de-mexico-929

1 comentario:

Anónimo dijo...

Algo romántico pero interesante el abordaje sobre el campesinado y su relación institucional. Sin duda el Tomás habría hecho buenos aportes al texto.
Saludos Jorge